Los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede

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Teniendo como fondo, salve las palabras dirigidas a los delegados del 38 congreso socialista por de uno de los candidatos a la Secretaria General: Si seguimos retrocediendo, troche el PSOE se replanteará muy seriamente la revisión de los acuerdos con la Santa Sede” puede ser oportuno recordar que son esos Acuerdos a los que hacia referencia el candidato, pills aunque se han escrito, en los últimos días, magníficos artículos relativos al tema.
Los cinco Acuerdos que se firmaron entre la Santa Sede y Reino de España en los años 1976 y 1979, y que sustituyeron al Concordato de 1953, son unos pactos con rango de tratado internacional, que regulan las relaciones del Estado y la Iglesia Católica, después de los cambios que se produjeron en España y de la nueva perspectiva sobre libertad religiosa que trajo consigo el Vaticano II.
El Acuerdo del 28 de julio de 1976, ratificado por el Jefe del Estado el 19 de agosto, rompe con las obligaciones del Concordato de 1953 y establece un nuevo marco jurídico por el que se van a regular las relaciones con la Santa Sede.
El 3 de enero de 1979, se establecieron cuatro acuerdos que regulan materias concretas, personalidad de los entes eclesiásticos y matrimonio; educación; economía, y jurisdicción castrense. En todos los acuerdos se establece una cláusula según la cual las partes procederán de mutuo acuerdo para resolver dificultades de aplicación o interpretación.
Estos son escuetamente los cinco acuerdos que relacionan en España a la Iglesia y al Estado.
¿Existen acuerdos con otras confesiones religiosas? Obviamente si. El 10 de noviembre de 1972 se firmaron los acuerdos de cooperación con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, con la Federación de Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica. Los cuales nunca son mencionados en ciertos entornos políticos.
Bajo el punto de vista normativo los acuerdos con la Santa Sede, como se ha indicado tienen rango de tratado internacional, basándose en los artículos 93 y 94 de la Constitución, mientras que los acuerdos de cooperación con las otras confesiones religiosas tienen la consideración de Leyes de las Cortes Generales, según prevé el articulo 7 de la Ley Orgánica de Libertad religiosa.
Esta es la diferencia más importante, -quizás en términos jurídicos muy importante-, entre los acuerdos del Estado español con las diferentes confesiones religiosas.
Bajo el punto de vista práctico existe entre los defensores de un Estado laico mucha demagogia.  Siendo verdad que la Iglesia Católica es históricamente la mas importante, no es la única que goza de beneficios, pongamos por ejemplo las exenciones fiscales; todos los acuerdos, en el de la Iglesia Católica en el articulo IV y en los de las otras tres confesiones en el articulo 11 de sus respectivas leyes, eximen del pago del IBI (el que va a ser reclamado por Monti en Italia) a las cuatro confesiones en las mismas circunstancias, no solo a la Iglesia católica. Esta medida en concreto, y otras que se incluyen en los acuerdos, suponen una técnica a través de la cual se hace efectivo el derecho fundamental de libertad religiosa de las personas que profesan esas religiones, pero también hay quienes opinan que es una diferencia formal y material que es incompatible con los principios constitucionales de igualdad de todos los españoles frente a la ley.
Queremos decir, que una cosa es hacer “brindis al sol” y otra bien distinta analizar un problema muy técnico jurídicamente, que necesita de otros foros no tan demagógicos ni tan partidistas.
Los actuales acuerdos tienen mas de veinte años de antigüedad, fueron establecidos en unos momentos casi preconstitucionales y los políticos y los técnicos a lo mejor tienen algo que decir, pero siendo un asunto de Estado, no en el lugar, el tiempo y la forma que utilizó el político al que hacíamos referencia al principio.
Para terminar, indicar solamente que la Iglesia católica mantiene en la actualidad 47 Concordatos o Acuerdos con los Estados más diversos, desde Albania, hasta el Vietnam, pasando por Portugal en1974 y Suiza en 1978. El último que se ha establecido fue en junio de 2011, con la República de Montenegro.